Debido proceso vs actuación administrativa en el derecho sancionatorio en Colombia 2017

Abstract

Se observa que la actuación administrativa supone una limitación impuesta por la ley respecto al “derecho fundamental de acceso a la justicia en la” efectividad de su aplicación jurídica integral y en claro perjuicio de la prevalencia del principio de legalidad dentro de “las decisiones que adopte la administración”, puesto que si se atiende a la noción y elementos del acto administrativo se tiene que los elementos de validez atiende a preservar derechos, principios y valores de orden constitucional, y no pueden desconocer prerrogativas del administrado, estando la actuación administrativa, o vía administrativa dispuesta para que en ejercicio de la “auto tutela” la administración aclare, modifique o revoque la decisión adoptada, y no para ser un obstáculo en el acceso a la justicia del administrado perjudicado con el acto administrativo imperfecto. Se identifica que el “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no” desconoce el debido proceso la normatividad ha desarrollado criterios generales con finalidad de protección del ciudadano y en garantía “del debido proceso y acceso a la justicia” tiene mecanismos efectivos mediante los cuales la administración mejora sus decisiones, que a pesar de existir, infortunadamente no facilita la aplicabilidad al derecho fundamental, pues su regulación jurídica de forma dispersa, desordenada, “no ha permitido una efectiva aplicación de los servidores públicos y mucho menos un conocimiento adecuado de los ciudadanos, para exigir su utilización”. Se determina del ejercicio hermenéutico de “los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado en” Colombia vigentes para el año 2017 hay garantía del “derecho fundamental” del acceso a la justicia en el debido proceso dentro del procedimiento administrativo principalmente de carácter sancionatorio. Se sostiene que el “agotamiento de la vía gubernativa” denominada la ley “de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” unge principios esenciales y fundamentales para proteger ante todo el debido proceso, como son: “igualdad, imparcialidad,” moralidad, buena fe, participación, transparencia, publicidad, responsabilidad, coordinación, “celeridad, eficiencia, economía, rapidez”. en el mismo sentido, el agotamiento de la actuación administrativa deviene en escenarios complejos en donde este requisito puede suponer la vigencia del acto administrativo viciado; así se tiene que la vía gubernativa no se reduce únicamente respecto a la posibilidad de interponer la nulidad y restablecimiento del derecho, pues este requisito previo también es necesario cuando se interpone la acción de grupo contra un acto administrativo, o cuando no existe claridad respecto a la congruencia fáctica y jurídica entre el recurso de apelación, y el medio de control de “nulidad y restablecimiento del derecho”, caso en el cual, se maximiza la afectación del acceso a la justicia en procura de formalismos y derechos judiciales otorgados a la administración. Se determina que la doctrina ha discutido acerca de la potestad sancionadora de la Administración dejando en evidencia cierta deuda con relación a una regulación de los procedimientos sancionatorios, lo cual incluye los principios por los cuales se regirán, con el objeto de evitar abusos y arbitrariedades. Este antecedente permite vislumbrar la problemática del debido proceso en el contexto latinoamericano.