El Congreso Colombiano incorporó al ordenamiento jurídico el sistema penal acusatorio, tomando elementos propios de otras culturas jurídicas, entre otros, la prohibición al Juez de ordenar pruebas de oficio en la audiencia preparatoria, postura, que para la doctrina se enfrenta al deber del Juez, de orientar y dirigir el proceso con objetividad para alcanzar la verdad y la justicia. Esta circunstancia direccionó el objetivo general de la investigación, en el sentido de concebir el logro de la verdad en el proceso frente a la prohibición del decreto oficioso de pruebas al Juez del conocimiento; tomando como ruta metodológica el enfoque paradigmático hermenéutico- interpretativo con enfoque cualitativo, utilizando como técnica operacional el fichaje para la recolección de la información, en obras de filosofía y sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Como resultado, se estableció la prevalencia de la pasividad probatoria del juez de conocimiento en el sistema acusatorio planteada por la Corte Constitucional, apoyada en el deber que tiene el operador jurídico de formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Frente a esta posición, en la doctrina se ha generado discusión, esgrimiéndose, que con la prohibición absoluta se vulnera el principio de efectividad de la justicia material y, la obligación estatal de establecer la verdad real en el proceso. Se concluye, que el concepto y alcance de la verdad presupuesto para llegar a la justicia sigue siendo un problema de corte filosófico jurídico sin resolver dentro del debate procesal penal.