Uno de los problemas que plantea el paternalismo en un Estado de Derecho es que el Estado asume una tarea activa en el desarrollo de la vida de las personas promoviendo o prohibiendo ciertos comportamientos que no dañan a terceras personas. La cuestión principal es que dicha intervención estatal debe estar suficientemente justificada para que no se haga irrisorio el principio de autonomía individual.