Este artículo explora algunos elementos de justificación que permiten reflexionar en la falta de efectividad de los mecanismos que nuestra Constitución Política contempla para su protección como es la Acción de Cumplimiento y por otro lado, plantear soluciones a fin de que tales derechos no sean meras expectativas, sino que a través de mecanismos de protección eficientes se obligue al Estado a efectuar apropiaciones presupuestales y la creación de un fondo que sirva como soporte para implementarlos. De igual modo, siendo los tratados internacionales ratificados por Colombia normas de aplicación en el ordenamiento jurídico, el artículo también tiende a indicar a los organismos internacionales que propenden por la no vulneración de los mismo a crear órganos de coerción para que sean aplicados a los Estados vulnerados a fin de que sus decisiones no solo se queden en simples recomendaciones, como hasta la fecha se ha venido observando, sino que trasciendan y se conviertan en verdaderas políticas socioeconómicas en las agendas del gobierno de turno, que repercutan en la satisfacción de necesidades del conglomerado social.