El ordenamiento jurídico colombiano logro un avance normativo en cuanto a la protección de los derechos de los menores infractores y en línea con los Tratados Internacionales al expedir el Código de la Infancia y la Adolescencia, como norma que establece la protección integral de los niños niñas y adolescentes y en cuanto a la corresponsabilidad, la exigibilidad de estos derechos, unido a las normas de orden público, centradas en la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. El presente artículo realiza un análisis del sistema de responsabilidad penal para adolescentes acorde con la Ley 1098 de 2006, y con el objeto de establecer si la legislación vigente responde con efectividad y eficacia a las trasgresiones a la Ley penal, y en relación con la responsabilidad social, por parte de las autoridades en el Departamento del Atlántico, en razón de infracciones de Ley o hechos punibles cometidos por adolescentes a nivel local.