En este artículo se analiza si la expedición de la Ley 1652 de 2013 vulnera la garantía de confrontación, en especial en lo referente al artículo 1, y parágrafo 1 del art. 2, cuyo contenido se refiere a la institucionalización de la entrevista del menor de edad víctima de abuso sexual como elemento material probatorio supeditando el acceso de la defensa al componente de necesidad; y el artículo 3 de la misma legislación, que dispuso instituir que toda entrevista realizada a menor de edad víctima de agresión sexual constituye prueba de referencia. En ese orden de ideas se propone mostrar en el presente trabajo, que conforme al derecho comparado tales disposiciones así contenidas vulneran la garantía de confrontación estatuida en convenios internacionales de los que Colombia hace parte.