Resulta imperioso demostrar por qué en un contexto como el colombiano, ante las dificultades del reconocimiento social, económico, político, cultural y los fuertes patrones de discriminación histórica contra la población minoritaria LGBTI y el desplazamiento forzado, el activismo y progresismo judicial de la Corte Constitucional colombiana, ha sido decisivamente significativo en el reconocimiento de sus derechos y garantías con respuestas efectivas a sus necesidades; esto frente a un Legislativo y Ejecutivo que minimiza los derechos y garantías, en contraste con un Tribunal Constitucional que los maximiza. En ese sentido, a pesar de las limitaciones y algunas decisiones controversiales del tribunal, se reivindica y defiende el trabajo de la Corte Constitucional colombiana como un actor institucional, a partir del debate contemporáneo que plantea dos respuestas: los defensores del constitucionalismo democrático y los defensores del constitucionalismo popular; en el cuál se defenderá el primero de ellos por los cambios e incidencia social a partir de sus decisiones en el reconocimiento y transformación real de las demandas sociales de dichos movimientos sociales.