La Justicia Transicional, implementada en las sociedades que pretenden superar un conflicto armado, establece el deber esencial de los Estados de fortalecer el respeto a las víctimas de las graves transgresiones de los derechos humanos y las infracciones al DIH, cometidas dentro de su territorio, lo cual conlleva a la identificación de los responsables, la imposición de sanciones y el aseguramiento a las victimas de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En consecuencia la finalidad es lograr simultáneamente la implementación de mecanismos que cumplan con su deber de reparar limitados en el tiempo en concordancia con los lineamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual pertenece el Estado colombiano, por desarrollo constitucional consagrado en el Articulo 93 que constituye el Bloque de Constitucionalidad.