Abstract
El proceso que adelanta el Congreso no puede ser de carácter penal. La función del Congreso debe estar direccionada a establecer si un Alto Dignatario es merecedor o no de ejercer el cargo. Ese proceso, similar al Impeachment, es una manera de ejercer el control y equilibrio entre los poderes. Se trata de un juicio político. El proceso de investigación y juzgamiento que se adelanta por el Congreso es parte de un control político entre las ramas del poder Público y una función esencial de ese órgano deliberativo y representativo. De ahí que las sanciones que proceden son la destitución del cargo, la pérdida de los derechos políticos y la apertura de un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de delitos comunes.