Centros de Detención Transitoria en Colombia (2020–2025): estándares interamericanos, abordaje estatal y brecha de garantía de Derechos Humanos.

Abstract

En Colombia, los Centros de Detención Transitoria (CDT), incluidas estaciones y subestaciones de policía, fueron creados con la intención de ser espacios de custodia breves y excepcionales. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se hizo evidente una contradicción estructural entre lo que planteaba la norma y lo que ocurría en la práctica: lo que debía ser una detención temporal se convirtió con frecuencia en una reclusión prolongada, en condiciones que no garantizan una vida digna. Este artículo examina cómo ha respondido el Estado colombiano frente a la obligación de proteger los derechos humanos en los CDT, tomando como base la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros referentes del sistema interamericano durante ese periodo. Desde un enfoque cualitativo socio jurídico, el estudio se desarrolló con un diseño documental y un alcance descriptivo-analítico. Se estructura en tres niveles: (i) el análisis del marco jurídico interamericano relacionado con la privación de libertad; (ii) una revisión sistemática y bibliométrica de literatura académica publicada entre 2020 y 2025; y (iii) el análisis del enfoque jurisprudencial colombiano respecto a los CDT, con especial atención a fallos de tutela, autos de seguimiento y decisiones de la Corte Constitucional en control abstracto. Para ello, se emplearon técnicas de análisis de contenido, revisión de línea jurisprudencial y triangulación de fuentes documentales. Los hallazgos principales se resumen en cuatro puntos: (1) la supuesta “transitoriedad” de estos centros opera, en la práctica, como una ficción legal que limita el control judicial y abre la puerta a detenciones arbitrarias; (2) las condiciones materiales de muchos CDT siguen siendo incompatibles con la dignidad humana, lo que genera afectaciones graves a la integridad personal; (3) la pandemia de COVID-19 puso en evidencia una crisis estructural en la atención en salud de las personas bajo custodia; y (4) la combinación de infraestructura precaria, controles débiles y presencia de poblaciones vulnerables incrementa los riesgos de violencia institucional y discriminación. En conclusión, la respuesta del Estado ha sido mayormente reactiva, impulsada por órdenes judiciales y sin una estrategia articulada de largo plazo. Esto deja en evidencia una brecha estructural entre lo que exige el estándar interamericano en materia de derechos humanos y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en los CDT de Colombia.