La violencia económica como forma de violencia de género en Colombia: análisis normativo y retos en su judicialización

Abstract

La violencia económica se configura como una de las expresiones más invisibilizadas y persistentes de la violencia de género en Colombia, perpetuando la dependencia financiera y la subordinación de las mujeres en ámbitos intrafamiliares y sociales. Reconocida explícitamente en la Ley 1257 de 2008 como una modalidad que limita el acceso a recursos económicos, bienes patrimoniales y oportunidades laborales, esta forma de violencia vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la autonomía y la igualdad, tal como lo establecen tratados internacionales ratificados por el país, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. A pesar de estos avances normativos, el marco legal presenta vacíos significativos, como la ausencia de una tipificación penal autónoma en el Código Penal, lo que obliga a encuadrar estas conductas en figuras generales como la violencia intrafamiliar tipificada en el artículo 229 o la inasistencia alimentaria, resultando en impunidad y revictimización. Esta investigación, de enfoque jurídico-documental cualitativo, analiza integralmente el marco normativo, jurisprudencial e institucional colombiano, identificando obstáculos para la prevención, sanción y judicialización efectiva de la violencia económica. Se examinan pronunciamientos clave de la Corte Constitucional, como las Sentencias T-163 de 2022 que vincula el incumplimiento alimentario con control económico, T-734 de 2013 conexión con violencia intrafamiliar y C-726 de 2021 como discriminación estructural, así como avances recientes como T-242/2025 y SU-018/2025, que enfatizan la perspectiva de género en contextos de fraude patrimonial y debido proceso. Además, se evalúan herramientas institucionales como el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE) del Observatorio Nacional de Violencias de Género (ONV) y las alertas de la Defensoría del Pueblo, destacando limitaciones en el registro desagregado y el enfoque en violencias armadas por sobre las económicas. Datos actualizados al 2025 de DANE brecha salarial del 13%, informalidad laboral del 58% en mujeres (DANE 2025) y 75,6% de casos de violencia de género contra mujeres en 2024 y según el CEJ aumento del 9,1% en casos totales evidencian la magnitud del problema, agravado por brechas estructurales como la pobreza de género índice de feminidad. La idea central del artículo radica en demostrar que, pese a progresos jurisprudenciales y normativos, persisten barreras probatorias, falta de capacitación en perspectiva de género y debilidades institucionales que obstaculizan una justicia efectiva. Se proponen estrategias concretas: tipificación penal autónoma, guías técnicas para operadores judiciales, programas de empoderamiento económico, inclusión de categorías específicas en sistemas estadísticos y formación intersectorial. Estas medidas buscan garantizar la autonomía económica de las mujeres víctimas, alineándose con obligaciones internacionales y promoviendo una sociedad equitativa libre de discriminación. En suma, combatir la violencia económica exige reformas urgentes e integrales para erradicar su carácter estructural y asegurar reparación integral, contribuyendo al avance en equidad de género en Colombia.